Chile, Bolivia y Perú, los países en América Latina con mayor licencia social para la minería. Ecuador y Argentina, los países con los niveles más bajos.
Aunque en la región hay consenso en que es posible que la minería beneficie a las comunidades –con el 81%–; y que la minería bien hecha trae desarrollo a las comunidades en donde opera –el 79% de los encuestados–, el 50% considera que la minería es positiva para su municipio, y sólo el 36% tiene una imagen positiva de las empresas mineras. Este es uno de los hallazgos más relevantes de Brújula Minera Latinoamérica, iniciativa de la firma Jaime Arteaga y Asociados y el primer estudio de opinión pública que permite dimensionar las percepciones, preocupaciones y expectativas frente a la minería de los habitantes de 8 países de la región: México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina.
Además de estos resultados, Brújula Minera LATAM evidencia una serie de contradicciones a las que se enfrenta la industria minera en los países de la región en los que opera, que resultan fundamentales no sólo para entender, sino para gestionar adecuadamente la conflictividad social y la relación de las empresas y el sector con sus grupos de interés. En países como Chile, Bolivia y Perú más del 80% estaría en desacuerdo con prohibir la minería en el país; en México, Brasil, Colombia y Ecuador esta proporción está por encima del 60%, y en Argentina es del 56%. Así mismo, en todos los países del estudio, las personas que consideran que la economía del país mejoraría si las empresas mineras dejaran de operar no supera el 10%.
Lo anterior evidencia que se reconoce la importancia de las operaciones mineras en la economía de estos países. Sin embargo, el estudio también revela que existen unos asuntos críticos frente a la percepción de las empresas mineras y que existen pasivos en materia de relacionamiento, desempeño y compromiso con el entorno de operación: sólo el 27% de los habitantes de la región considera que las operaciones de las empresas mineras cumplen con la ley; el 20% cree que tienen canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades; y sólo el 21% está de acuerdo con que estas empresas respetan los derechos humanos. Estos resultados son similares en atributos como la mitigación de los impactos negativos de las operaciones (18%) y la credibilidad de la información que suministran (16%).
A partir de estos resultados, Brújula Minera LATAM estimó el nivel de Licencia Social de la industria minera en los países de estudio. Tomando como base la metodología propuesta por Thomson & Boutilier (2011), este es el ranking de licencia social de los países de la región:
Estos hallazgos permiten dimensionar la conflictividad social en torno a la industria minera en la región, y ofrecen una hoja de ruta para orientar al sector en el abordaje de estos asuntos para mejorar su relacionamiento con el entorno y, por ende, garantizar la continuidad de sus operaciones. Si quiere profundizar en este y otros resultados, lo invitamos a inscribirse gratuitamente en el Encuentro Latinoamericano de Minería –ELAMI en www.encuentrodemineria.com, que se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo.
Para más información, contáctese con Diana Cuestas al correo [email protected]
